La ley llegó al Senado a primeros de agosto, con los votos de todos los grupos del Congreso excepto los del grupo parlamentario Popular, que se abstuvo; asimismo se abstuvo en la votación del dictamen aprobado por la Comisión de Sanidad y Política Social del Senado el pasado día 8 de septiembre. Un total de 216 enmiendas (30 del PP; 92 del grupo Entesa Catalana de Progrés; 3 de CIU y una del grupo de Senadores Nacionalistas. Ver documento adjunto), serán debatidas en el pleno de la Cámara Alta, previsiblemente este miércoles, para que pueda entrar de nuevo en el congresos en el pleno del 20 de septiembre y superar su último tramo legislativo antes de la disolución de las Cortes.
Universalización de la asistencia sanitaria
Una de las novedades introducidas en la ley a última hora fue una enmienda transacional del Partido Socialista, a la que se sumaron el resto de los grupos parlamentarios, en donde se reconoce el derecho a la asistencia sanitaria pública de todos los ciudadanos mediante la universalización plena del Sistema Nacional de Salud (SNS). Varias de las enmiendas nacionalistas en el Senado buscan reforzar este derecho.
Aunque la universalización se contemplaba en la Ley General de Sanidad hace 25 años, la ley consagra ahora la universalización plena de la asistencia sanitaria; es decir, la asistencia pública y gratuita para los escasos colectivos que hasta ahora, por no estar incorporados a la Seguridad Social no gozaban de él: profesionales que no estuvieran adscritos al régimen de autónomos de la Seguridad Social, desempleados que ya no pudieran cobrar la prestación por desempleo o el subsidio y gente que nunca haya cotizado a la Seguridad Social. Esta implantación se efectuará de modo paulatino.