La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos- ATA celebra el Real Decreto que desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de plazo de pagos a proveedores en la Administraciones Públicas por el que se pondrá en evidencia aquellas comunidades autónomas, municipios o comunidades que no cumplen con lo establecido en la Ley de Morosidad. Pese a la denuncia permanente de ATA, los distintos planes de Pago a Proveedores que han supuesto destinar 42.000 millones de euros a abonar antiguas facturas y otras medidas puestas en marcha por el Gobierno, aún hoy las administraciones pagan a 139 días de media, en vez a 30 días como establece la Ley de Morosidad.

Era necesario este real decreto para forzar más a las administraciones a que paguen a sus proveedores en tiempo y forma y, sino lo hacen, que sea conocido por todos, que se les retengan recursos cuando no cumplen con sus obligaciones.

Es también una buena noticia que el Estado finalmente se haga cargo de las facturas impagadas cuando alguna administración no hace frente a sus responsabilidades con sus proveedores. No obstante, todo ello quedará supeditado a la puesta en marcha de la llamada factura electrónica y a la creación del registro de facturas en la administración pública previsto para el 2015.

La morosidad en general es una de las grandes lacras de la economía de España porque provoca un funesto círculo vicioso al impedir que el proveedor tampoco pueda atender con sus obligaciones. Provoca más impagos, cierre de negocios y despidos.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, declaró que “para los autónomos, cobrar una factura de la administración dejará de ser eterno y, a su vez, conoceremos el ranking de las administraciones más morosas. No parece muy lógico que conociéramos el ranking de los ciudadanos más morosos con el erario y no el de las administraciones públicas con los ciudadanos. Con la morosidad pública hay que tener tolerancia cero porque mancha la imagen y la seriedad de nuestro país. A día de hoy hay administraciones que cumplen la ley y otras que sistemáticamente la vienen incumpliendo. La ley es igual para todos: para los ciudadanos, para las administraciones y para sus gestores. Algunos quedarán en entredicho cuando obliguen a sus ciudadanos a cumplir la ley y se vea que ellos no la cumplen”.