2017 ha sido un año importante para los autónomos. Se aprobó por unanimidad en el Parlamento la Ley de Medidas Urgentes del Trabajo Autónomo. Veinte medidas que apuestan por reforzar lo que funciona, como la tarifa plana, aumentan la protección social de los autónomos y les otorga nuevos derechos, corrigen errores del pasado, eliminan trabas y dotan de mayor seguridad jurídica las deducciones, y por último, reconocen la labor de las organizaciones que representamos los intereses del colectivo y su utilidad pública.

En otros ámbitos, hay que destacar, el nuevo cálculo del periodo medio de pago a proveedores que computará a partir de la aprobación de las facturas y no, como hasta ahora, que se producía desde los 30 días posteriores a su aprobación. Se ha evitado además el reconocimiento del “acuerdo entre las partes” en cuanto a plazos de pago en las operaciones comerciales. Sin duda, ambos aspectos contribuirán al control efectivo de la lacra que supone la morosidad para aún el 40% de los autónomos que se ven afectados directamente por la misma.

Pero además, se han evitado algunas iniciativas que hubiesen perjudicado gravemente al colectivo. Se ha conseguido prorrogar los límites de facturación para que los autónomos puedan seguir tributando en módulos, impidiendo la reducción prevista para 2018. Los trabajadores autónomos podrán seguir aplazando el IVA hasta 30 mil euros sin aval, de forma automática. También podrán presentar el modelo 347 hasta el 28 de febrero y no en enero como se había previsto.

Son grandes avances pero es evidente que nos queda mucho por hacer. Este año 2018 debe ser el año de las reformas estructurales tanto en el RETA como en la fiscalidad del autónomo. Reformas que no sólo deben seguir resolviendo los problemas a los que se enfrenta en autónomo de hoy sino que deben ser diseñadas para responder a los retos del autónomo del mañana y el futuro del trabajo.

Para ATA, las reformas deben girar en torno a seis ejes fundamentales:

– Complementar la Ley de Medidas Urgentes mediante el fomento del emprendimiento en ciertos colectivos específicos y la contratación por parte de los autónomos.

– Protección social y Sostenibilidad del RETA y del sistema de pensiones.

– Combatir la economía sumergida, el mal uso de algunas figuras societarias, como las cooperativas “virtuales”, y laborales, como el “falso autónomo”. Y reducir trabas y cargas administrativas, así como la revisión del régimen fiscal para permitir la disminución de la presión fiscal

– Régimen Sancionador de la Morosidad y Segunda Oportunidad